Fernández-Rañada afirmó que en la actualidad se elabora un inventario sobre las construcciones y parcelas afectadas, entre los que figuran edificios, chiringuitos, una estación de bombeo o jardines, que espera concluir en las próximas semanas.
Solución individualizada. En principio se han detectado más de medio centenar de ocupaciones, algunas de ellas por edificios muy antiguos, de los años 50 ó 60, y cada una de ellas llevará un tratamiento «específico en función de su situación jurídica», explicó el responsable del organismo.
Este inventario constituye un trabajo «muy voluminoso» dado que establece un análisis pormenorizado de cada una de las ocupaciones y de la superficie afectada.
El dominio público marítimo-terrestre lo forman, además del mar territorial y las aguas interiores, la ribera del mar, que abarca las zonas de playa, las albuferas y los terrenos costeros hasta donde lleguen las olas en los mayores temporales conocidos, según la Ley de Costas de 1988.
Después hay una servidumbre de tránsito de seis metros y una zona de protección, que en suelo urbano es de veinte metros y en suelo rústico de cien, donde tampoco está permitido edificar, aunque es competencia autonómica.
Benalmádena. Uno de estos terrenos ocupados es la residencia Marymar, ubicada en Benalmádena-Costa, donde «lo lógico sería recuperar la playa y darle cierta continuidad al paseo (marítimo)», indicó Fernández-Rañada.
La demolición de esta residencia ha estado en cartera no sólo del Gobierno socialista, sino también del anterior Ejecutivo popular. Costas llegó a plantear incluso su intención de negociar con Unicaja la demolición de la residencia.
Ésta se construyó a mediados de la década del sesenta, y desde el principio se constituyó en un embrión de lo que luego ha sido un desarrollo urbanístico desmedido en la Costa del Sol. En un primer momento, fue un hotel, cuyo edificio ya ocupaba 4.000 metros cuadrados y una altura de ocho plantas.
Los contactos del Gobierno con Unicaja y con el Consistorio de Benalmádena se iniciaron a principios de los 90, aunque aún quedan muchos flecos por solucionar, como la financiación del derribo o el uso exacto de los terrenos.
Noticia extraida de: La Opinión de Málaga.
